jueves, 4 de enero de 2007

"Yo, Claudio" de Robert Graves. La fidelidad histórica de una novela. (II)

POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN DEL IMPERIO

LOS PODERES DEL PRÍNCIPE
El príncipe emperador romano gozaba vitaliciamente de una serie de poderes y títulos. A la hora de elegir el sucesor del príncipe, éste era aceptado por el Senado, que tenía la labor de transferir los poderes junto con el pueblo. Estos poderes y títulos eran una serie de atribuciones que implicaban el mando del ejército, la jefatura de la religión o la dirección de la política exterior entre otras. A esta poderosa posición del príncipe contribuían componentes de tipo ideológico, el ejército, los apoyos sociales o un denso tejido de relaciones clientelares, que lo convertían en patrono del Imperio y de su extraordinario patrimonio.
A lo largo del alto imperio, se dieron variaciones en la figura del emperador, aunque ésta siempre se mantuvo estable. Dependiendo del emperador, aceptaba o rechazaba ciertos títulos a la hora del nombramiento, y en ocasiones, se añadían nuevas atribuciones o se quitaban otras; incluso las mujeres de los emperadores empezaron a recibir títulos de emperatriz y madre de la patria, al igual que sus maridos.
El poder Imperial representaba el triunfo del poder personal basado en el ejército frente a la democracia republicana. Este hecho se tergiversó para hacerlo formar parte de la ideología imperial, ya que se dijo que esta “Victoria Imperial” había sido propiciada por los dioses. Esto hacía que el emperador fuera visto como una figura situada por encima de los demás humanos, que estaba sostenida por la providencia de los dioses. El Cesar también era considerado fundador del Estado. Este conglomerado de virtudes, hizo que su persona se volviese inviolable y sacrosanta, y que durante el alto imperio se desarrolló el culto Imperial, divinizando a los emperadores tras su muerte; estas ansias de poder hicieron que algunos emperadores, como es el caso de Calígula, quisieran ser divinizados en vida.
La propaganda al Cesar se realizaba de múltiples maneras (en las monedas, por medio de estatuas...), lo que hizo que su figura fuese conocida prácticamente a lo largo de todo el imperio. El príncipe se hallaba además protegido por su guardia pretoriana, consistente en nueve cohortes acantonadas en las proximidades de Roma.
Las atribuciones del príncipe eran inmensas. Controlaba casi todos los aspectos de la vida política, económica y judicial de Roma, aunque eso fuese en contra del senado. Además, el Cesar también era el jefe de la religión. Todos estos cargos normalmente eran vitalicios, a no ser que el príncipe los delegara en otra persona. Todo lo expuesto nos sitúa ante la realidad de un emperador, el primero de los ciudadanos, que concentró amplísimas atribuciones.

EL PRÍNCIPE Y LAS INSTITUCIONES
Durante el alto imperio, las antiguas instituciones republicanas convivieron con el príncipe, lo que acabó en una situación de choques continuos.
El senado se convirtió en el refugio de la oposición republicana, por lo que durante mucho tiempo fue objeto de persecución por parte del imperio. Los senadores dejaron de ser solamente romanos, al incorporarse con Claudio galos Eduos en la sala. Desde el comienzo del principado, el Senado perdió atribuciones en favor del emperador. Este alejamiento de las costumbres republicanas hizo, como hemos explicado anteriormente, que hubiera continuas tensiones entre el senado y el emperador.
Los comicios y las magistraturas prácticamente perdieron su razón de ser, ya que el príncipe era el que controlaba sus nombramientos convirtiendo estos cargos en simples marionetas a su mando.

Si durante el reinado de Augusto se intentó mantener un equívoco republicano, este se rompió totalmente con el ascenso de Tiberio al trono imperial. Durante todo el alto imperio, el emperador fue consiguiendo cada vez más atribuciones y asentándose cada vez más en su poder, con lo que cualquier intento republicano de vuelta al antiguo régimen se hizo imposible.

ADMINISTRACIÓN DEL IMPERIO
El príncipe ostentaba amplísimas prerrogativas en materia de administración. Se hallaba además al frente de vastísimos teritorios cuya gestión, con un número reducido de funcionarios, presenta graves carencias.
Sobre los fundamentos establecidos por el Régimen Augusteo, los Césares fueron ampliando los cuadros administrativos e introduciendo ciertas mejoras, haciendo por ejemplo crecer el número de funcionarios nombrados por el príncipe. Los puestos relevantes estaban en manos de senadores y miembros del orden ecuestre. También tuvieron un papel importante en la administración los libertos imperiales.
Próximo al príncipe, con la función de asesorarle, existía un grupo de amici y consejeros (altos funcionarios y juristas) que integraban por nombramiento imperial el consilium principis, cuya creación representa una de las innovaciones del régimen. Se trataba de un consejo privado, que fue cobrando importancia ante al decadencia del senado.
La provisión de las prefecturas, bajo el control del príncipe, correspondió a miembros del orden senatorial y a caballeros. En Roma existían cuatro praefecture:

La Prefectura del pretorio.
La Prefectura de la ciudad.
La Prefectura de la Annona.
La Prefectura de los Vigiles.

Dentro del cuadro de las prefecturas cabe destacar la Prefectura de Egipto, desempeñada por un caballero que representaba al Príncipe en Alejandría. Las fuerzas militares acantonadas en Egipto no eran comandadas por miembros del orden senatorial sino por caballeros (praefecti).

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Heredada del Principado augústeo, la administración financiera siguió estructurada en dos niveles, representados por el ámbito de gestión del Senado (aerarium Saturni o erario público) y el ámbito que es competencia del príncipe.
El aerarium Saturni, radicado en el templo de Saturno, en época altoimperial percibía sólo los ingresos de Italia y las provincias senatoriales y tenía que afrontar un incremento de gastos. La caja senatorial fue progresivamente arroyada por la nueva dinámica financiera del Principado. El ámbito de competencias del Senado en materia financiera fue estrechándose.
Los capítulos más elevados de gastos correspondían al mantenimiento del ejército, de la administración y a las donaciones del príncipe, todo ellos gastos satisfechos por la nueva caja imperial, el Fiscus. El fisco, cuyo jefe era el emperador, alcanzó predominancia sobre el decadente aerarium. El fisco se nutría de tributos, contribuciones extraordinarias y rentas varias.
El patrimonio imperial (patrimonium Caesaris), que englobaba bienes propiedad del príncipe y fue incrementándose por diversas vías (herencia, confiscaciones, botín), se gestionó, desde el reinado de Claudio, por medio de procuradores, al frente de los cuales se encontraba el procurator patrimonii. A partir de dicha dinastía el patrimonio era transferido al sucesor, convirtiéndose en un bien público.
El Principado comportó una reestructuración que en el plano recaudatorio arrinconó progresivamente el arriendo a las sociedades de publicanos en favor de la percepción directa encomendada a los procuratores (aunque podía adjudicarse a particulares, conductores, siempre bajo un estricto control) o cumplida por los entes municipales. El sistema benefició a los provinciales, que satisfacían las cargas en dinero o especie, pero los niveles de ineficacia llegaron a ser alarmantes.
En el capítulo de gravámenes directos aparecen un impuesto personal, al que se hallaban sujetos todos los habitantes (tributum capitis), y un tributo sobre la tierra (tributum soli). Para el funcionamiento de la tributación cobraban decisiva importancia las informaciones contenidas en el censo, que confeccionaba periódicamente el gobernador provincial, y del catastro general cuya realización acometió el poder a lo largo del siglo I.
A ello se sumaban los tributos indirectos, así los aranceles aduaneros (portoria). Entre estos cabe mencionar también el gravamen a los ciudadanos romanos sobre herencias y legados, siempre que alcanzaran un volumen considerable y no fueran por línea directa, y otro tanto sobre la manumisión. Integraban también este capítulo las tasas impuestas a las ventas de productos y esclavos. Existían, además, otros gravámenes que variaban según la zona.

En un intento de revitalizar la maltrecha hacienda imperial, Tiberio practicó una política de austeridad en el gasto, incrementando tributos y procediendo a confiscaciones. En el plano financiero, el convulso reinado de Calígula aparece definido por la imposición de nuevos gravámenes y los enormes gastos suntuarios que dejaron exhaustas las arcas estatales.

ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL
Correspondía al Senado la administración de Roma y de Italia, atribuciones que iría perdiendo en favor de los nuevos funcionarios.

Italia gozó de una situación de privilegio respecto al Imperio, por cuanto no era una provincia. Sin embargo, a lo largo de la época altoimperial dicha situación fue expirementando correcciones que abocaron a una progresiva nivelación con el resto de territorios.
El Imperio se hallaba integrado por un conglomerado de territorios con realidades distintas, a los que se fueron sumando nuevas extensiones. Durante el Alto Imperio se dio el trasvase de provincias senatoriales al control directo del príncipe que, en ocasiones, desagraviaba al Senado retornándole una antigua provincia.
Las provincias (provinciae), territorios extra-itálicos bajo la jurisdicción de magistrados romanos en época republicana, se hallaban desde Augusto bajo la administración del Senado y el príncipe, aunque hubo casos que rompían con estos principios generales. El conjunto arrojaba un saldo netamente favorable al césar, dado el elevado número de provincias imperiales bajo su control y la ingerencia que podía practicar en provincias senatoriales. Los gobernadores, al frente de estas unidades, ostentaban un concierto de atribuciones políticas, militares en el caso de las provincias imperiales, judiciales y financieras, bien que bajo control del príncipe.
Las provincias bajo administración del Senado eran territorios ricos y pacificados en los que no había acantonadas unidades militares. Los gobernadores de estas provincias, procónsules, eran elegidos por sorteo entre ex-pretores o ex-consules. El cargo, de duración anual, comportaba atribuciones civiles, judiciales y financieras. Los gobernadores, responsables de su gestión ante el Senado, se hallaban asistidos por legados y cuestores encargados de asuntos financieros.
La creciente injerencia del emperador en estos ámbitos de administración senatorial se explica en virtud de su imperium y se canalizaría a traves de los procuratores. Además, el papel del príncipe en el nombramiento de gobernadores tendió a fortalecerse. El número de provincias senatoriales fue reducido en comparación con el de las imperiales.
Las provincias imperiales eran aquellas dependientes del príncipe, de creación reciente o de difícil control, en las que había acantonados efectivos militares. Existían provincias cuyos gobernadores llevaban el titulo de legati Augusti pro praetore. Los legati, que permanecían en su cargo durante el tiempo fijado por el príncipe, al cual representaban, poseían atribuciones civiles y comandaban las fuerzas militares, hallándose asistidos por Legati legionis. Los asuntos financieros eran gestionados por procuradores imperiales pertenecientes al orden ecuestre y ocasionalmente libertos imperiales.
Un caso único representa la provincia imperial de Egipto, gobernada por un praefectus Aegypti, designado por el príncipe, residente e Alejandría. Bajo el gobernador, que gozaba d atribuciones civiles, militares y judiciales, se hallaban diversos cargos administrativos y militares en manos de los caballeros. Un procurador con amplias funciones, el ideólogo, gestionaba conforme a una reglamentación que incluía los mandata imperiales.

ADMINISTRACIÓN URBANA
El Alto Imperio fue la etapa por excelencia de auge de la vida urbana. Con ella se expandieron los módulos organizativos romanos y culminaba el proceso de romanización de los territorios conquistados. Éstos se hallaban, a comienzos del Imperio, en estadios diversos de desarrollo, arrojando un cuadro desigual en la implantación de estructuras cívicas, más frecuentes en las áreas mediterráneas y pónticas. La acción de Roma significó una reestructuración del espacio, para su mejor gestión, en función de intereses que rararamente eran coincidentes con aquellos de los indígenas, antiguos propietarios de la tierra.
El proceso de urbanización, vehículo y termómetro de la romanización, cristalizó en una proliferación de centros urbanos en dos niveles: reacondicionamiento de sitios preexistentes y ciudades ex-novo. En el cuadro de conjunto jugarían un papel determinante los núcleos indígenas preexistentes y las cuestiones de índole económica y militar. Se cumplen, en una época altoimperial, una linea de urbanización y otra de integrización jurídica o municipalización.
El estatuto jurídico de estos centros era diverso, configurando dos bloques constituidos por los núcleos privilegiados y las ciudades peregrinas, que presentaban, a su vez, una gama variada de situaciones jurídicas, heredadas de época republicana. Los habitantes podían gozar de derechos ciudadanos plenos o limitados como los latinos. Pero al margen existía un sector de población, los peregrinos, cuyo ascenso jurídico podía seguir un canal, más globalizador, de concesión a la comunidad, y otro individual; fue significativo, a este respecto, el servicio en cuerpos auxiliares del ejercito, verdadera cantera de nuevos ciudadanos.
Tras la activa política practicada por Augusto, su sucesor Tiberio procedió a algunas fundaciones urbanas sobre todo el Oriente y otorgó la ciudadanía, bien que con menos prodigalidad. Cumplido el anodino reinado de Calígula, se registra una especial actividad bajo Claudio. En una política de mayor calado que la de sus predecesores, el Emperador potenció la progresión jurídica personal.
En la cumbre de la jerarquía social urbana, la oligarquía municipal disponía de sólidas bases económicas y monopolizaba la vida política, integrando la curia y ocupando las magistraturas. Las instituciones municipales presentan similitud a lo largo del Imperio, aunque en el área oriental se conservaron, con la aquiescencia del poder central, las formas preexistentes al dominio romano.
El desempeño de cargos en la vida política ciudadana se reservaba únicamente a individuos que estaban en posesión de la ciudadanía local. En el oriente del Imperio quedaba deslindada la posesión de la ciudadanía griega y romana. En las urbes de las provincias helenófonas la ciudadanía se podía vender y fue práctica habitual su concesión a personajes cuya notabilidad le permitía gozar de tal privilegio en distintos centros.
Los libres ciudadanos romanos se distinguen por una estructura onomástica en la que aparecen los tres nombres (tria nomina): el praenomen o nombre personal, el nomen o gentilicio y el cognomen familiar. Los ciudadanos se hallaban encuadrados en las 35 tribus, entidades abstractas, de forma que una misma unidad podía englobar a individuos de distintos territorios. Por tanto, la mención de la tribu nos coloca automáticamente ante una persona que goza de la ciudadanía.
En la vida de la ciudad intervenían distintas instancias. El Consejo municipal, curia o boulé, dunviros (duoviri), denominados quinquennales porque cada cinco años realizaban el censo de la ciudad y aediles. En el cuadro de las magistraturas, cabe reseñar igualmente a los cuestores (quaestores), encargados de las finanzas municipales. A ello se sumaba un personal subalterno con un destacado componente de esclavos públicos.
El orden de desempeño de estos cargos se iniciaba con la cuestura, seguida de la edilidad y dunvirato.
Pero esta carrera de los honores era costosa. Los magistrados de cualquier ciudad del Imperio desembolsaban junto a los gastos electorales, al entrar en funciones, la summa honoraria. A ello se añadían posteriormente contribuciones a obras públicas, comidas o juegos. Tales fondos pretendían contribuir a la autosuficiencia financiera de la ciudad, imposible de lograr sólo a partir de la colecta de impuestos y la gestión de una parte de las tierras del cinturón agrícola en calidad de tierras públicas. Cuando las magistraturas se asignaban a una divinidad, a un acaudalado foráneo o al emperador, los gasto se detraían del patrimonio del templo, del particular o de los fondos imperiales. Las pesadas cargas que, en general, debían soportar los magistrados acabarían provocando un rechazo que el poder intentó solventar a través de la hereditariedad de las magistraturas.
Los ciudadanos de cualquier centro itálico o provincial se hallaban sujetos a diversos servicios o contribuciones a tenor de sus propias realidades personales. Estos munera se dividían en personales, económicos o de ambos tipos, situándose en el escalón inferior los trabajos más humildes (munera sordida). Existieron diferentes exenciones de munera en atención al sexo, la edad o el número de hijos. El poder eximió de munera a determinados colectivos, así los individuos relacionados con la annona y distintos servicios de la administración, médicos, etc.
Existía una constante de allegar bienes a la ciudad vía benefactores, de larga tradición en el mundo oriental y auge bajo los Julio-Claudios. Esta actuación voluntaria podía realizarla, sin olvidar al príncipe, cualquier individuo de la comunidad ciudadana, ostentador de un cargo o un simple particular, o vinculado a ella aunque originario de otro centro. Con frecuencia, a través de fundaciones, el evergeta cargaba con gastos que redundaban en el bien de la colectividad a través de los réditos de una determinada cantidad de dinero o un bien donado libremente a la ciudad. Ésta canalizaba el reconocimiento en forma de honores acordados al benefactor que reforzaban su posición presente y el recuerdo en el futuro.

CONCLUSIONES
Estas características administrativas se ven muy bien reflejadas en la novela que estamos comentando. Aunque en el libro a este tema no se le presta tanta atención como a la política, si se aprecia la importancia que tenía para la sociedad de la época desempeñar un cargo administrativo, dadas las ventajas y el honor que suponía ser nombrado para alguno de estas tareas. Tal vez uno de los cargos al que más se refiere el narrador Claudio en la novela sea el de gobernador. Éstos eran bastante importantes en el conglomerado administrativo del Imperio, pues controlaban muchos ámbitos en las provincias, como se ha visto anteriormente, y por esa razón llegaron a tener un poder que no era comparable al del emperador (ya que además estos gobernadores estaban nombrados por el propio príncipe y prácticamente estaban a sus ordenes), pero que si que podían influir de forma importante en las decisiones, sobre todo militares y económicas, que tomase el emperador.
El autor presta más atención a la política y la vida de los príncipes. En la novela se puede observar que las tensiones entre el emperador y el senado son continuas, y con Tiberio por ejemplo, la persecución realizada contra sus enemigos políticos es muy dura, mostrando hasta que punto el emperador ansía su poder. La divinización también acareó problemas al imperio. Calígula se creía hasta tal punto un dios, que llegó a mandar ejecutar a cualquiera que él pensase que lo había deshonrado o no le había presentado los suficientes respetos, dando lugar a una situación interna muy caótica, ya que las personas cercanas a él estaban más preocupadas de salvar su vida adulando al emperador que de hacer su trabajo correctamente.
Dado que la historia contada en el libro se desarrolla en distintos lugares, la diferencia cultural existente en las distintas provincias del imperio queda refeljada de una manera bastante clara. Estas diferencias culturales se observan perfectamente cuando el narrador se desplaza a contar un hecho a una provincia extranjera. Antes de seguir con el relato adecuadamente, se ve obligado a explicar la realidad que allí se vive, ya que de otra forma, los hechos que allí sucedieron no se comprendería en su totalidad en algunos de los casos.
En general, las descripciones que realiza el autor tanto de la política o la administración se ajustan a las dadas por la bibliografía, por lo que se puede decir que el libro recrea correctamente el periodo histórico en el que se desarrolla la historia, tal y como ocurre en todos los aspectos de la historia.

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